El regidor ejidense, que fue investigado tras una denuncia del Partido de Almería (PAL), que presidía el exalcalde Juan Enciso, en 2010, ha asegurado estar “deseando que se entre en el fondo de algunas cuestiones que quedan pendientes”. Góngora ha dejado claro que se trata de una “situación desagradable” y ha resaltado en varias ocasiones que “no se está poniendo en tela de juicio, en ningún momento, nada que tenga que ver con mi gestión pública, ni presente ni pasada”.

En esta nueva fase procesal, se tienen que pronunciar, en el plazo de diez días –que empezó a correr el pasado martes 7-, las tres acusaciones, como son el PAL, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria. Además, Góngora ha adelantado que su abogado va recurrir para que se acepten como pruebas dos informes periciales que son, según ha explicado el regidor, muy importantes para poder, “en sede judicial, hacer una pregunta que es determinante”.

El alcalde de El Ejido ha dejado claro que no se plantea la dimisión. Y es que, como ha asegurado, “nadie ha dicho en ningún partido que tenga que dimitir alguien por algo que no tiene que ver con su gestión pública”. Al respecto se ha pronunciado la concejala de IU en el Consistorio, Ángeles Fernández, quien ha considerado “vergonzosas” estas declaraciones y ha indicado que “no podemos tener al frente de la gestión pública a alguien que, supuestamente, se dedica a dar pelotazos urbanísticos”.

Los grupos municipales del PSOE, que ha adelantado la nueva situación en rueda de prensa, Izquierda Unida y UPyD han coincidido en exigir la dimisión de Francisco Góngora.

En el caso del PSOE, Juan José Callejón, uno de los ediles portavoces, acompañado de varios concejales socialistas ejidenses, ha asegurado que el regidor “tiene que dimitir irrevocablemente, como marca el PP en estos caso y la mínima decencia”. Además, Callejón, el concejal portavoz de UPyD, Desiderio Enciso, y la coordinadora provincial de IU, Rosalía Martín, han coincidido en señalar que “El Ejido no se merece otro alcalde procesado”, de ahí que hayan solicitado su dimisión inmediata.

Callejón ha emplazado al PP a designar a otra persona para la Alcaldía y, tras la rueda de prensa, ha asegurado que “el PSOE hablará con todos los grupos de la oposición”. Todos tendrán ocasión, como ha explicado Góngora, de preguntarle sobre este y cualquier otro tema el próximo lunes, día 13 de marzo, cuando está previsto que tenga lugar un Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de la ciudad. Desde IU también emplazan al partido a tomar cartas en el asunto y a “no desviar el tema ‘a lo murciano’ y tratar de ganar tiempo o desviar la atención”. El edil de UPyD, por su parte, considera que debería ser el PP el que “le pidiera que dejara el cargo hasta que la situación se aclare”. Para Enciso, “Góngora debe dejar que gobierne alguien que no esté bajo la sospecha de ley”.

Góngora se ha mostrado dispuesto a “seguir colaborando con la Justicia y aportando toda la información e informes necesarios para que esta situación se aclare”. A su juicio, “hay información más que suficiente en esas diligencias para que el tema estuviera, a estas alturas, muy claro”. El alcalde de El Ejido ha reiterado que se trata de una “cuestión civil, una cuestión en la que hay muchos argumentos, informes, e incluso, pruebas documentales del propio Consistorio”. Según ha recordado, “el PAL aprobó un proyecto de limitación, sin ir más lejos, antes de irse al Juzgado, a nombre de la compradora y quiere entender que no se ha consumado una compraventa”, por ello considera que se trata de “cosas un poco ilógicas”.

El quid de la cuestión pasa, como ha reconocido Góngora, en ver “cuándo se considera consumada una compraventa y cuándo nace un hecho imponible”. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido apunta, como ha explicado el regidor, respecto a la Hacienda Pública, al alcalde “indiciariamente a la cooperación necesaria”, en ningún caso a la autoría.

Góngora ha repetido en varias ocasiones su “respeto” a la Administración de Justicia y su “prudencia”.

Los dos posibles delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública que se investigan tienen que ver con la compraventa de un terreno. Además del regidor, se encuentran en la misma situación otras tres personas.