Así lo ha anunciado la secretaria de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería y diputada autonómica, Adela Segura, quien ha confiado en que esta medida en defensa de los hogares más vulnerables pueda aprobarse tanto en los ayuntamientos como en el Parlamento de Andalucía -donde se presentará una iniciativa similar-, después de que los votos en contra del Partido Popular hayan impedido que en el Congreso de los Diputados salga adelante la proposición de ley presentada por el PSOE para luchar contra la pobreza energética.
El PSOE pretende conseguir que la luz, el gas y el butano sean considerados como un derecho social básico y que, en consecuencia, se proteja a los hogares más vulnerables, impidiendo que se les corte el suministro durante los meses de invierno. Según ha explicado Segura, esta medida "se aplicaría a los hogares que carezcan de ingresos, que tengan a todos sus miembros en paro o que subsistan con una pensión mínima, en los que el gasto energético mínimo que precisen para cubrir sus necesidades suponga más del 10% de los ingresos".
Los socialistas proponen que estos consumidores vulnerables puedan acceder a una tarifa social, calculada en función de sus ingresos y no del mercado, y que la diferencia entre la tarifa social y el consumo real se financie a través de los Presupuestos Generales del Estado. "Esta tarifa tendría un coste anual de sólo 120 millones de euros, pero podría beneficiar a 3 millones de personas en todo el país que se encuentran en situación de emergencia social", ha indicado la responsable de Política Municipal del PSOE provincial, para quien "se trata de una propuesta justa y viable".
En Andalucía, el 8,4% de los hogares no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, según los datos incluidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2013. En la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, también relativa a 2013, se especifica que cada hogar andaluz tiene que destinar cada año 987,92 euros de media para poder pagar los gastos de electricidad, gas y otros combustibles.
Menos bonos sociales
La única medida existente en la actualidad para ayudar a las personas que no pueden pagar los recibos de la energía es el bono social de la luz, "pero el número de beneficiarios se ha reducido sensiblemente desde que gobierna el Partido Popular", ha lamentado Segura. Así, en la provincia de Almería el número de beneficiarios de este bono se ha reducido en 1.710 familias, pasando de 46.617 en el año 2011 a 44.907 a finales de 2013.
Mientras tanto, el recibo de la luz en España sigue siendo uno de los más caros de toda Europa y la reforma impulsada por el Gobierno del PP para fijar el precio de la luz "se traducirá en nuevas subidas", ha alertado la parlamentaria. Sólo en el tercer trimestre de este año, la energía se ha encarecido en más de un 11%.