“Lo que se ha declarado por parte de todos es que no ganaron dinero con la operación, la empresa no ganó dinero”. Así lo ha afirmado el abogado del Partido de Almería (PAL), personado como acusación particular, Juan Carlos Calatrava, tras abandonar el Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido, donde en la mañana de este viernes ha prestado declaración en calidad de imputado por la compraventa de una finca el alcalde del municipio, Francisco Góngora, así como su hermano, su padre y un cuarto socio de la empresa que adquirió la propiedad. Góngora ha afirmado no haber ganado dinero a pesar de que un informe de la Agencia Tributaria incorporado al procedimiento indica que la venta se cerró por 1,2 millones de euros.
El regidor ejidense, que llegó y abandonó el juzgado por el garaje, bajo importantes medidas de seguridad, ha negado, además, el presunto delito de tráfico de influencias que se le imputa, ya que la calificación de urbanizable para esa finca ya estaba incluida en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cuando fue nombrado concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de El Ejido. Además, ese mismo avance ya era "público" cuando tuvo lugar la compra. Según Calatrava, Góngora ha fundamentado su declaración en este hecho, una línea, a su juicio, “lógica”; sin embargo, ha insistido en que "ya era concejal cuando se crea la sociedad para comprar esa finca que estaba incluida en el avance del plan".
Ha sido el abogado del PAL quien ha confirmado, además, que aún no se ha depositado la fianza civil de casi 2,3 millones de euros impuesta por este presunto delito fiscal de forma conjunta y solidaria a todos los imputados, que tienen diez días de plazo para abonarla antes de proceder al embargo de bienes.
“El 99% de las declaraciones como imputados, por no decir el 100%, son exculpatorias”, según el abogado del PAL y la de Góngora no iba a ser menos, “lo que pasa es que, en este caso, la prueba documental es muy tozuda, tiene mucho peso” y, de hecho, “es lo que vio en su día la Audiencia Provincial cuando ordenó levantar el sobreseimiento”.
Las pruebas a las que se refiere Calatrava son las escrituras que se otorgaron por la compra y por la venta y los contratos privados, que “contradicen esas escrituras”. “Hay un contrato privado previo que contradice lo que luego se hace constar en la escritura pública”, ha explicado y ha añadido que, si bien “es cierto que, en esos documentos, no interviene directamente el señor Góngora Cara, sino que lo hace su hermano, él pertenece a la sociedad y cabe deducir que se ha obtenido un beneficio y no se ha declarado”. En este sentido, cabe recordar que el delito fiscal hace referencia, precisamente, al supuesto impago por parte de Agrícola Euro Alpujarra –sociedad de la que formaba parte Góngora- del impuesto de sociedades de 2007 –fecha en la que se escrituró la propiedad- por importe de más de 296.000 euros.
La declaración de cada uno de los cuatro imputados ha durado en torno a media hora. Previamente, se había acordado que realizaran una prueba caligráfica “en relación con un texto manuscrito que hay en el contrato privado”.
Tras la declaración, el abogado del PAL ha anunciado que “entiendo que hay que pedir nuevas diligencias de prueba documental y alguna testifical”. Asimismo, “se han pedido una serie de oficios que no han llegado”, salvo el de Hacienda. Pese a todo, Calatrava considera que “la instrucción lleva un buen ritmo”.
En diciembre de 2011, el juzgado archivó la denuncia del PAL, que participa en el proceso como acusación particular, al estimar que los supuestos ilícitos penales que detallaban, entre los que figuraban el supuesto delito de tráfico de influencias y el supuesto delito fiscal que ahora se investigan, además de blanqueo de capitales, negociación prohibida a funciones públicas y falsedad documental, habían prescrito.
Tres años después, la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso del PAL.
Isabel Fernández
