El presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha afirmado este lunes estar "totalmente tranquilo" tras prestar declaración ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar, María del Mar Alejo, en calidad de imputado por el llamado caso 'La Fabriquilla'.

Amat, que ha prestado declaración durante unos setenta minutos, ha respondido a las preguntas de la jueza, el fiscal y la defensa, si bien se ha negado a atender las cuestiones de la acusación particular.

Según fuentes próximas al caso, el presidente de la Diputación Provincial se ha referido durante su declaración a un informe jurídico elaborado por el Ayuntamiento de Roquetas, así como a la que la licencia se aprobó en junta de gobierno con los "informes favorables" del aparejador municipal y del letrado asesor de urbanismo.

Tal y como apunta el informe realizado por el Consistorio roquetero, que se hizo público durante el pleno extraordinario el pasado 7 de noviembre, no pudo "haber conciencia de ilegalidad ni de arbitrariedad" por parte de los siete miembros que asistieron a aquella junta de gobierno de mayo de 2007, entre ellos Amat, ya que, previamente, existían esos "informes favorables". Luego, no cabía duda de que "procedía la concesión de la licencia".

Junto a Gabriel Amat, este lunes estaban citados a declarar, también en calidad de imputados, los concejales Francisca Toresano y Antonio García, mientras que ya el pasado viernes, día 14, fue el turno de los ediles Pedro Antonio López, Juan José Rubí, José Galdeano y del exconcejal Francisco Martín. Quedan pendientes para el día 24 de noviembre las declaraciones de dos funcionarios municipales.

Amat ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, al aprobar su junta de gobierno, el 4 de mayo de 2007, la concesión de una licencia para la construcción de diez chalés en el paraje La Fabriquilla, en concreto, en una parcela calificada de uso comercial, pero cuyo uso fue modificado, de forma previa a la concesión de la licencia, a residencial.

Este precisamente este cambio de uso el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalcía (TSJA) consideró "no ajustado a derecho" en su día y el que ha propiciado el inicio del caso por parte del Ministerio Público, que consideró que debía ser investigado el acto administrativo por el que se autorizó "de una forma no legal" la obra en una zona en la que "no se podía autorizar".